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La polémica Nueva Reforma de ley de Costas de 2013 entra en vigor

La nueva Reforma de la Ley de Costas de 2013 entraba en vigor el pasado viernes 31 de mayo a pesar de todas las polémicas causadas tanto entre gobiernos como entre activistas ecológicos.

Al margen del cruce de acusaciones político causado tras la aprobación de la Reforma de la Ley de Costas de 1988, muchos de los nuevos puntos que recoge esta reforma nos hacen poner de manifiesto nuestras dudas sobre los beneficios reales o las mejoras para la protección del medio ambiente y en concreto, de nuestro litoral, que ésta pretende.

Echando un vistazo a nuestro litoral y a las atrocidades que se han cometido invadiendo ecosistemas y siendo prácticamente destruidos en los casi 7.880 km de costa que posee nuestro país, desde hace años estamos pidiendo a gritos una reforma de la ley de costas para detener la construcción y la utilización urbana de zonas que deben ser de alta protección ambiental y natural en nuestro litoral.

Paradójicamente en esto coincide el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente asegurando que la nueva Ley de Costas impedirá nuevas edificaciones en la costa, incrementará la seguridad jurídica y además dará mayor seguridad a la actividad económica en las costas españolas.

4 Polémicas “mejoras” de la Nueva Ley de Costas

A pesar de estas afirmaciones, existen ciertos cambios que no dejan de preocuparnos de cara a un futuro sostenible de nuestro litoral:

1. La Ley reduce la zona protegida del litoral, desde 100 metros de la costa que teníamos hasta ahora, a sólo 20, en algunos casos específicos. Este hecho favorecerá, por tanto el acercamiento de las zonas urbanas al litoral, en los casos considerados como específicos, siendo totalmente contradictorio al objetivo de esta ley.

2. La Ley excluye de la Reforma a 12 municipios que actualmente ocupan el dominio público terrestre y que deberían ser objeto de reconversión medioambiental. Entre ellos se incluyen el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona), zonas cuya cartografía justifica las razones por las que no deben estar incluidos en el dominio público, según el Gobierno. Además de la polémica sobre los beneficios económicos de estas exclusiones, se les han echado encima el resto de municipios que no han sido seleccionados como fuera del dominio público terrestre debido a ser edificados después de la entrada en vigor Ley de Costas de 1988, y estar considerados en situación irregular.

3. Además la Ley amplía las concesiones de éstas propiedades a 75 años, pudiendo ser traspasadas o heredadas durante el mismo tiempo. Y por si fuera poco, admite las reformas y modernizaciones de las infraestructuras, siempre que no se aumente el tamaño altura o superficie, y que la zona cumplan los requisitos de ahorro energético y agua tras dicha reforma.

4. Por último, una de las más polémicas ha sido la cláusula bautizada por el gobierno como 'cláusula anti-Algarrobico', permitiendo al Estado la toma de decisiones de cara al futuro en materia litoral tutelando a las Administraciones locales y autonomías en materia litoral y de costas, para así evitar especulaciones a pequeña escala. Quedando de esta manera la gestión del litoral y las costas en manos, únicamente del gobierno central, hecho que ha puesto de manifiesto la preocupación de ciertas regiones y administraciones locales a la hora de defender los intereses ambientales de sus regiones.

A pesar de las intenciones expresadas en la nueva reforma de la ley de Costas, existe un temor evidente de que estas nuevas medidas puedan desembocar en nuevas especulaciones sobre los terrenos cercanos al litoral y de pretender salvar la economía de la crisis a costa de la preservación del medio ambiente y de nuestras costas, ya bastante dañadas, de nuestro país.

Publicado por Sara Sirvent - Perfil en Google+ - Leer más artículos de Sara Sirvent

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